APDH y la Federación Enlace exigen medidas alternativas contra el aumento de presos

La Federación Andaluza Enlace, encargada del trabajo con personas drogodependientes y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH), presentaron ayer, con motivo del Día de la Merced, patrona de prisiones, el estudio La realidad penal y penitenciaria: una visión de las entidades sociales y la campaña Sanidad en Prisión. El objetivo es recordar la necesidad de reducir el número de personas encarceladas y que estas deben tener el mismo acceso a la sanidad que el resto de la población "y de este modo desmontar los mitos y las falsas percepciones que se tiene del sistema penal y los encarcelados", aseguró el coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos, Valentín Aguilar. 

Aguilar denunció el "desinterés absoluto" por parte del Ministerio del Interior y de la Junta de Andalucía, la cual debería de ser "la responsable de las competencias sanitarias en prisión". La APDH consiguió, junto a otras entidades como el Defensor Andaluz, que el Parlamento solicitara este traspaso mediante una proposición no de ley. 

En la actualidad y hasta que se produzca la transferencia, "la sanidad está lejana de la igualdad de condiciones con la población libre", destacó el coordinador de la APDH. "Así la atención sanitaria es de segunda, con productos farmacológicos de distinta categoría", insistió Aguilar, quien recalcó el problema de las "pérdidas reiteradas de citas médicas con perjuicios para la salud de los encarcelados o la falta de acceso para los servicios  médicos de prisiones a los historiales clínicos". 

Por otro lado, el coordinador jurídico de Enlace, Jorge Ollero, resaltó que "Andalucía es la región española con mayor número de personas encarceladas, más de 14.000, pese a ser una de las regiones con menor tasa de criminalidad". 

Según los datos del estudio presentado, realizado en colaboración con la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario, "de acuerdo a la tasa de criminalidad y en relación a la media europea, un 48% de las personas encarceladas deberían estar en libertad", apuntó Ollero. El coordinador de Enlace afirmó que "podríamos tener 7.000 andaluces fuera de prisión, sin que ello aumentara la delincuencia, utilizando las medidas alternativas" de condena. Además, Ollero indicó que "el 76% de las personas presas cumplen condena por delitos menores contra el patrimonio".