ANTARIS viene participando en la Comisión de Trabajo sobre Adicciones y Justicia Penal que creó UNAD el pasado mes de abril. UNAD es la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención a las Drogodependencias, se trata de la red más amplia de entidades que existe en España sobre esta materia y ANTARIS es una de las más de 250 organizaciones que la integran. Pero, ¿qué motivos hay para que dentro de esta red se forme un grupo de trabajo que se centre exclusivamente en las cuestiones relacionadas con las adicciones y la justicia penal? ¿qué relación existe entre ambos conceptos?¿porqué nos hemos reunido 3 veces en lo que va de año personas de entidades de lugares tan dispares como Madrid, País Vasco, Cataluña o Andalucía?
La respuesta a esta pregunta constituye la razón de ser de
esta comisión y viene recogida en el Documento
de Posicionamiento de UNAD en materia de Justicia Penal. De manera resumida podemos decir que,
desgraciadamente, un altísimo
porcentaje de las personas que presentan consumos problemáticos de drogas
provienen y/o se instalan a
consecuencia de su adicción en espacios de exclusión social. Este
terrible binomio (exclusión +
drogodependencia) se halla en la base de muchos de los pequeños delitos y faltas
penales que se cometen en nuestra sociedad. Hurtos y delitos contra la
propiedad de escasa cuantía, trapicheos con drogas para sufragar el
mantenimiento de la adicción, es a lo que se le
denomina "delincuencia funcional", la cual está detrás del 80% de las personas
que alcanzan el más alto y severo castigo de nuestro ordenamiento jurídico: la
cárcel.
Lo explica el texto al que hemos hecho referencia,
"está demostrado que trabajar en pro de la incorporación social de
las personas y colectivos con especiales dificultades, disminuye las
situaciones en las que se acude al delito como forma de vida. El derecho
penal no debe ser presentado como solución a los problemas sociales,
pues para afrontar realmente las situaciones de pobreza y exclusión social
existen otros caminos, basados en la intervención social y en las
políticas dirigidas a la
Justicia social y la igualdad efectiva de las ciudadanas
y ciudadanos.
Si hablamos de problemas de drogodependencias, podemos
afirmar que el tratamiento oportuno de la persona desde un punto de vista
bio-psico-social reduce las posibilidades de que se acuda al delito para
mantener la adicción, actuando de forma preventiva. Del mismo modo, incidir en
las causas que han llevado a las personas a delinquir reduce la tasa de reincidencia.
En este sentido, las entidades de drogodependencias venimos reclamando desde
hace varias décadas que la
mejor manera de prevenir la delincuencia o reducir la reincidencia relacionada
con el abuso de drogas ilegales es una buena política de educación y de
servicios sociales y sanitarios así como de alternativas a la prisión. En este sentido es importante recordar
que casi el 80% de las personas privadas de libertad proceden de entornos de
exclusión y pobreza y carecen de estudios primarios o de otra formación o
experiencia laboral."
Qué pensaríamos si supiéramos que España es uno de los países de nuestro entorno con mayor porcentaje de personas
presas y sin embargo, en
contra de lo que la mayoría de la gente cree, es de
los países europeos que presenta las tasas más bajas de criminalidad. Es
decir, somos un estado en el que se cometen pocos delitos si lo comparamos con
otro países, sin embargo, somos quienes más personas metemos en la cárcel, eso
sí, ¿qué tipo de personas
metemos en la cárcel?. Y a pesar de esto, en los últimos 20 años, no
hacemos otra cosa sino endurecer nuestro ya de por sí severo Código Penal.
Parece que nos hayamos olvidado del principio de "Intervención
mínima" y Gobierno tras Gobierno se dejan llevar por las voces interesadas
que siempre reclaman más dureza. Ni siquiera la crisis provoca recortes en
materia penitenciaria a pesar de lo caro e ineficaz que se resuelve el sistema:
por un lado el sostenimiento de las cárceles es carísimo dado el personal y
recursos que se necesitan los 365 días del año, además la reincidencia también
es altísima, lo que explica la ineficacia de la cárcel a la hora de disuadir de la comisión de nuevos delitos o
para rehabilitar o reinsertar a la gente que ha pasado por allí.
Otro de los mitos bien construidos y por ello más difícil
de desterrar si cabe, es el que se resume en la repetidísima frase "es que
("los y las criminales") entran por una puerta (del juzgado) y salen
por la otra". Lo que hemos aducido en los párrafos anteriores sería
suficiente para derribar el mito, pero este es tan contumaz que acaban
creyéndoselo hasta las propias personas que cometen los delitos. Es verdad que se
entra por una puerta y se sale por otra, pero esto no es más que un efecto de
la lentitud del aparato judicial y del exceso de burocracia que ralentiza más
de lo debido el necesario sistema de garantías procesales (habremos de
asegurarnos que a quien se castiga es porque verdaderamente ha cometido un
delito y no que nos hemos dejado llevar por las apariencias y hemos castigado a
una persona inocente). La puerta de la que hablábamos es giratoria y se regresa
a ella. Se juzga lento, pero acaba juzgándose y condenándose. El chico o chica
que salió por la otra puerta volverá a ser citada años más tarde por la misma
causa. Y lo peor es que en demasiadas ocasiones se recibe el castigo cuando la
persona ya se ha rehabilitado y el remedio se vuelve peor que la enfermedad ¿cuantas veces hemos asistido a
que una persona que se ha rehabilitado de su adicción, que ha formado familia y
encontrado trabajo y que por un delito que cometió hace tanto tiempo, cuando
aun estaba "enganchada" acaba ingresando en prisión y poniendo en
riesgo el proceso de incorporación emprendido?. Lo dice la Psicología , las
Ciencias del aprendizaje, lo dice la Justicia y el sentido Común: el premio o castigo
a la persona por una conducta debe ser inmediato a esta. Si te portas bien, te
doy un caramelo, si te portas mal, te lo quito, pero no puedes hacerlo dentro
de 5 años porque no sabré porqué me das o me quitas el caramelo ni qué conducta
quiero evitar o quiero reproducir.
La semana pasada, Carlos
Lesmes -Presidente del Tribunal Supremo y
del Consejo General del Poder Judicial- llegó
a decir que la
Ley está pensada para el "robagallinas" no para el gran defraudador. Lo dice todo un presidente del
Tribunal Supremo, no una ONG. ¿No estaremos matando moscas a cañonazos? ¿No
estaremos focalizando nuestros esfuerzo en problemas de convivencia que podrían
solucionarse de otra manera a la simple y pura respuesta penal? ¿No será una
forma de distraer la mirada para no prestar atención a quienes efectivamente
cometen delitos que nos afectan directamente al conjunto de la ciudadanía?
Evasión de capitales, corrupción, fraude fiscal, contrabando a gran escala, en
definitiva, los grandes delitos económicos que saquean la riqueza del país. El
"robagallinas" al que aludía el Presidente del Supremo y los delitos
violentos (violaciones, asesinatos, pocos pero espectaculares y tan mediáticos
como tristes y dramáticos) son los que distraen al personal. Aunque parece que
algo está empezando a cambiar.
Pues por todas estas razones, nos reunimos en Madrid un
grupo de personas de entidades diversas interesadas en divulgar y proponer medidas alternativas a la
prisión, medidas re-educadoras, medidas que favorezcan realmente la reinserción
social -que se supone es el fin último de la cárcel-; personas y entidades interesadas en avanzar propuestas
legislativas en este sentido, en consolidar la aplicación de suspensiones
condicionales del cumplimiento de condenas en base al tratamiento de la
adicción (artículo 87 del Código Penal), en favorecer el cumplimiento de condenas
a través de la realización de Trabajos en Beneficio de la Comunidad , en divulgar
nuevos modelos de resolución de conflictos, tales como la mediación penal. Y
para quienes ya están sufriendo las devastadoras consecuencias que a nivel
personal y social genera la cárcel, tratamos de proponer alternativas y modelos
de reducción de riesgos y daños; de facilitar el acceso a tratamientos de
drogodependencias, de intervención psicosocial en pos de la incorporación
social de la persona, de defender el derecho a la salud en las cárceles y cualquier otro derecho que no se haya privado mediante sentencia. Pues como ya se ha dicho, la mejor manera de evitar la
reincidencia y prevenir el delito es la integración social. Porque queremos sensibilizar y hacer partícipe a la comunidad sobre la alta rentabilidad social y económica de las medidas alternativas a la prisión. Porque si hay que
arrimar el hombro, lo arrimamos y ahí estamos, interviniendo en las cárceles,
participando activamente en los Consejos Sociales Penitenciarios de la mano de
la propia institución carcelaria; o fortaleciendo ROSEP (Red de Organizaciones Sociales del
Entorno Penitenciario). Porque no solo criticamos, sino que también analizamos,
proponemos y, sobre todo, nos ponemos manos a la obra. Porque creemos y
queremos un mundo mejor.En ese viaje hemos puesto todo nuestro empeño.
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