lunes, 27 de octubre de 2014

ADICCIONES Y JUSTICIA PENAL

ANTARIS viene participando en la Comisión de Trabajo sobre Adicciones y Justicia Penal que creó UNAD el pasado mes de abril. UNAD es la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención a las Drogodependencias, se trata de la red más amplia de entidades que existe en España sobre esta materia y ANTARIS es una de las más de 250 organizaciones que la integran. Pero, ¿qué motivos hay para que dentro de esta red se forme un grupo de trabajo que se centre exclusivamente en las cuestiones relacionadas con las adicciones y la justicia penal? ¿qué relación existe entre ambos conceptos?¿porqué nos hemos reunido 3 veces en lo que va de año personas de entidades de lugares tan dispares como Madrid, País Vasco, Cataluña o Andalucía?

La respuesta a esta pregunta constituye la razón de ser de esta comisión y viene recogida en el Documento de Posicionamiento de UNAD en materia de Justicia Penal. De manera resumida podemos decir que, desgraciadamente, un altísimo porcentaje de las personas que presentan consumos problemáticos de drogas provienen y/o se instalan a consecuencia de su adicción  en espacios de exclusión social. Este terrible binomio (exclusión + drogodependencia) se halla en la base de muchos de los pequeños delitos y faltas penales que se cometen en nuestra sociedad. Hurtos y delitos contra la propiedad de escasa cuantía, trapicheos con drogas para sufragar el mantenimiento de la adicción, es a lo que se le denomina "delincuencia funcional", la cual está detrás del 80% de las personas que alcanzan el más alto y severo castigo de nuestro ordenamiento jurídico: la cárcel.

Lo explica el texto al que hemos hecho referencia, "está demostrado que trabajar en pro de la incorporación social de las personas y colectivos con especiales dificultades, disminuye las situaciones en las que se acude al delito como forma de vida. El derecho penal no debe ser presentado como solución a los problemas sociales, pues para afrontar realmente las situaciones de pobreza y exclusión social existen otros caminos, basados en la intervención social y en las políticas dirigidas a la Justicia social y la igualdad efectiva de las ciudadanas y ciudadanos.

Si hablamos de problemas de drogodependencias, podemos afirmar que el tratamiento oportuno de la persona desde un punto de vista bio-psico-social reduce las posibilidades de que se acuda al delito para mantener la adicción, actuando de forma preventiva. Del mismo modo, incidir en las causas que han llevado a las personas a delinquir reduce la tasa de reincidencia. En este sentido, las entidades de drogodependencias venimos reclamando desde hace varias décadas que la mejor manera de prevenir la delincuencia o reducir la reincidencia relacionada con el abuso de drogas ilegales es una buena política de educación y de servicios sociales y sanitarios así como de alternativas a la prisión. En este sentido es importante recordar que casi el 80% de las personas privadas de libertad proceden de entornos de exclusión y pobreza y carecen de estudios primarios o de otra formación o experiencia laboral."

Qué pensaríamos si supiéramos que España es uno de los países de nuestro entorno con mayor porcentaje de personas presas y sin embargo, en contra de lo que la mayoría de la gente cree, es de los países europeos que presenta las tasas más bajas de criminalidad. Es decir, somos un estado en el que se cometen pocos delitos si lo comparamos con otro países, sin embargo, somos quienes más personas metemos en la cárcel, eso sí, ¿qué tipo de personas metemos en la cárcel?. Y a pesar de esto, en los últimos 20 años, no hacemos otra cosa sino endurecer nuestro ya de por sí severo Código Penal. Parece que nos hayamos olvidado del principio de "Intervención mínima" y Gobierno tras Gobierno se dejan llevar por las voces interesadas que siempre reclaman más dureza. Ni siquiera la crisis provoca recortes en materia penitenciaria a pesar de lo caro e ineficaz que se resuelve el sistema: por un lado el sostenimiento de las cárceles es carísimo dado el personal y recursos que se necesitan los 365 días del año, además la reincidencia también es altísima, lo que explica la ineficacia de la cárcel a la hora de disuadir de la comisión de nuevos delitos o para rehabilitar o reinsertar a la gente que ha pasado por allí.

Otro de los mitos bien construidos y por ello más difícil de desterrar si cabe, es el que se resume en la repetidísima frase "es que ("los y las criminales") entran por una puerta (del juzgado) y salen por la otra". Lo que hemos aducido en los párrafos anteriores sería suficiente para derribar el mito, pero este es tan contumaz que acaban creyéndoselo hasta las propias personas que cometen los delitos. Es verdad que se entra por una puerta y se sale por otra, pero esto no es más que un efecto de la lentitud del aparato judicial y del exceso de burocracia que ralentiza más de lo debido el necesario sistema de garantías procesales (habremos de asegurarnos que a quien se castiga es porque verdaderamente ha cometido un delito y no que nos hemos dejado llevar por las apariencias y hemos castigado a una persona inocente). La puerta de la que hablábamos es giratoria y se regresa a ella. Se juzga lento, pero acaba juzgándose y condenándose. El chico o chica que salió por la otra puerta volverá a ser citada años más tarde por la misma causa. Y lo peor es que en demasiadas ocasiones se recibe el castigo cuando la persona ya se ha rehabilitado y el remedio se vuelve peor que la enfermedad ¿cuantas veces hemos asistido a que una persona que se ha rehabilitado de su adicción, que ha formado familia y encontrado trabajo y que por un delito que cometió hace tanto tiempo, cuando aun estaba "enganchada" acaba ingresando en prisión y poniendo en riesgo el proceso de incorporación emprendido?. Lo dice la Psicología, las Ciencias del aprendizaje, lo dice la Justicia y el sentido Común: el premio o castigo a la persona por una conducta debe ser inmediato a esta. Si te portas bien, te doy un caramelo, si te portas mal, te lo quito, pero no puedes hacerlo dentro de 5 años porque no sabré porqué me das o me quitas el caramelo ni qué conducta quiero evitar o quiero reproducir.

La semana pasada, Carlos Lesmes -Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial- llegó a decir que la Ley está pensada para el "robagallinas" no para el gran defraudador. Lo dice todo un presidente del Tribunal Supremo, no una ONG. ¿No estaremos matando moscas a cañonazos? ¿No estaremos focalizando nuestros esfuerzo en problemas de convivencia que podrían solucionarse de otra manera a la simple y pura respuesta penal? ¿No será una forma de distraer la mirada para no prestar atención a quienes efectivamente cometen delitos que nos afectan directamente al conjunto de la ciudadanía? Evasión de capitales, corrupción, fraude fiscal, contrabando a gran escala, en definitiva, los grandes delitos económicos que saquean la riqueza del país. El "robagallinas" al que aludía el Presidente del Supremo y los delitos violentos (violaciones, asesinatos, pocos pero espectaculares y tan mediáticos como tristes y dramáticos) son los que distraen al personal. Aunque parece que algo está empezando a cambiar. 


Pues por todas estas razones, nos reunimos en Madrid un grupo de personas de entidades diversas interesadas en divulgar y proponer medidas alternativas a la prisión, medidas re-educadoras, medidas que favorezcan realmente la reinserción social -que se supone es el fin último de la cárcel-; personas y entidades interesadas en avanzar propuestas legislativas en este sentido, en consolidar la aplicación de suspensiones condicionales del cumplimiento de condenas en base al tratamiento de la adicción (artículo 87 del Código Penal), en favorecer el cumplimiento de condenas a través de la realización de Trabajos en Beneficio de la Comunidad, en divulgar nuevos modelos de resolución de conflictos, tales como la mediación penal. Y para quienes ya están sufriendo las devastadoras consecuencias que a nivel personal y social genera la cárcel, tratamos de proponer alternativas y modelos de reducción de riesgos y daños; de facilitar el acceso a tratamientos de drogodependencias, de intervención psicosocial en pos de la incorporación social de la persona, de defender el derecho a la salud en las cárceles y cualquier otro derecho que no se haya privado mediante sentencia. Pues como ya se ha dicho, la mejor manera de evitar la reincidencia y prevenir el delito es la integración social. Porque queremos sensibilizar y hacer partícipe a la comunidad sobre la alta rentabilidad social y económica de las medidas alternativas a la prisión. Porque si hay que arrimar el hombro, lo arrimamos y ahí estamos, interviniendo en las cárceles, participando activamente en los Consejos Sociales Penitenciarios de la mano de la propia institución carcelaria; o fortaleciendo ROSEP (Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario). Porque no solo criticamos, sino que también analizamos, proponemos y, sobre todo, nos ponemos manos a la obra. Porque creemos y queremos un mundo mejor.En ese viaje hemos puesto todo nuestro empeño.

No hay comentarios:

Publicar un comentario