En el Día Internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, las asociaciones de drogodependencias andaluzas piden a las Administraciones Públicas un mayor apoyo a la labor que realizan con las personas más vulnerables
La Federación Andaluza ENLACE, con motivo del 26 de junio, Día Internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, hace balance de los últimos 10 años en materia de drogodependencias y alerta de la injustificable bajada presupuestaria en un periodo de aumento de la demanda de atención. En palabras de Antonio Escobar, presidente de ENLACE, “entre 2006 y 2014, el número de personas que han accedido a tratamiento en los centros públicos de atención ha sufrido un incremento del 21,50%, mientras el presupuesto del Plan Andaluz sobre Drogas se ha visto reducido entre 2006 y 2015 un 17,34%”. Si atendemos a la parte del presupuesto de drogodependencias destinada a “Entidades Colaboradoras”, esta bajada es aún mayor (del 83%), afectando gravemente a los servicios de prevención y tratamiento prestados por las entidades sin ánimo de lucro. “Las asociaciones estamos desbordadas y asfixiadas”, afirma Escobar.
Según los últimos datos recabados en las más de 100 entidades federadas en ENLACE, éstas han atendido a cerca de 9.000 personas en 2014 (25% mujeres), frente a las 5.857 personas atendidas en 2005 (Estos datos no recogen el nº de personas atendidas en los programas de prevención, sólo recogen el nº de personas atendidas en los programas de tratamiento, acompañamiento e incorporación social). Se trata de un incremento de casi el 54% en 10 años, incremento que las asociaciones han ido abordando con muchísimas dificultades y precariedad laboral.
A su vez, en este contexto de precariedad, la Federación Andaluza teme las consecuencias que las últimas reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal van a tener para el colectivo de personas que atienden. En palabras de Antonio Escobar, “estas reformas afectan gravemente a nuestro movimiento asociativo en todo lo tocante a derechos como el de libertad de expresión y de libre información o el de manifestación, pero también complicará la situación de muchas de las personas que acuden en demanda de apoyo a nuestras asociaciones”. Según ENLACE, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se ensaña con las personas consumidoras de drogas y con las que tienen menos recursos, aumentando las conductas prohibidas e incrementando los castigos. La multa mínima para las infracciones por tenencia o consumo aumentan a partir del 1 de julio hasta los 601 euros, 1,5 veces los 400 euros con los que tienen que salir adelante muchas familias con todos sus miembros desempleados. Por otro lado, la Federación también se muestra preocupada por la reforma del Código Penal, ya que supone un nuevo incremento punitivo para la delincuencia patrimonial tradicional de robos y hurtos, la que encaja con las personas más excluidas y aquellas con problemas graves de drogodependencias que delinquen a causa de su adicción, y además elimina figuras jurídicas que llevaban décadas demostrando su eficacia resocializadora, como es el caso de la libertad condicional.
Con motivo del Día Internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, las entidades de ENLACE también se suman a la Campaña Internacional “Support, Don´t Punish (Apoya, No Castigues)”, suscrita por miles de personas y entidades sociales de todo el mundo que reclaman una política de drogas menos criminalizadora y más respetuosa con los derechos humanos. Según declaraciones de Antonio Escobar, “con la actual política de drogas no se evita la proliferación de nuevas sustancias y su adulteración, estamos exponiendo a la gente joven a acudir a un mercado negro controlado por mafias sin escrúpulos. Creemos necesario plantear y debatir nuevas alternativas de regulación ante el manifiesto fracaso de la llamada guerra contra las drogas”. En este sentido, las asociaciones que componen ENLACE abogan por una política de drogas más realista, basada en la evidencia científica y no en cuestiones morales, más dirigida a la prevención y a la reducción de daños que a la actual persecución de las personas consumidoras.
